La “guerra por el espacio”: la ley de barrios populares

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El Senado argentino convirtió en ley un proyecto gestado desde las organizaciones sociales para la expropiación, urbanización y normalización dominial de más de cuatro mil barrios, asentamientos y villas donde viven cerca de cuatro millones de compatriotas.

Ya hace unos cuantos años Zygmunt Bauman habló de la “guerra por el espacio”. Esto es, por un lado la posibilidad que tienen algunos sectores sociales de usar, explotar y descartar lo local (podemos imaginarlo como un capital político y económico basado en la capacidad de prescindir y “circular”, des-localizarse). Por otro, la generación de diferentes y heterogéneos modos de resistencia ante los efectos de la des-localización, sea en el ámbito del trabajo, la salud o la vivienda por ejemplo. En definitiva, las estrategias “desde abajo” para eludir la exclusión económica y la vulneración de la subsistencia a través de la construcción de lazos sociales, simbólicos e identitarios. La novel Ley de Tierras de los Barrios Populares además de una muy buena noticia, visibiliza una vez más la vigencia de esta dimensión clave de la política y la sociedad: el espacio.

Exclusión y barrios populares

Según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 30% de los habitantes de Argentina es pobre y el 6% indigente: trece millones de personas. Esto es el equivalente al total de la población de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta. Juntas. Solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay algo menos de medio millón de pobres y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires unos cuatro millones. Esto sin tomar aún los efectos de la última devaluación de la moneda nacional, el incremento incalculable (en el sentido más literal de la palabra) de los precios de bienes de uso y consumo, y la recesión de la actividad productiva.

Según el INDEC dos de cada diez personas no tienen trabajo o están sub-ocupados, con nichos estructurales de desempleo y pobreza en el conurbano bonaerense y las periferias de Rosario, Córdoba, La Plata y Mar del Plata. La tasa de empleo, en contrapartida, es apenas superior al 40%; esto es quienes han podido trabajar al menos una hora a la semana. Huelga la obviedad, un volumen más que significativo de trabajadores lo hace en negro (uno de cada tres), conllevando precariedad contractual, falta de protección jurídica e inexistencia de aporte previsional. A la hora de observar los salarios, a la precariedad se une la desigualdad en el ingreso y la generalización de la pobreza entre los trabajadores: ocho de cada diez cobran el salario mínimo o menos y la mitad de la masa total de asalariados gana por debajo de los 200 US$. Siempre según el INDEC.

Toda una geografía de la exclusión que requiere dos advertencias: una, que es una mirada estadística y por tanto dista de ser exhaustiva (incluso en términos cuantitativos); dos, que estos valores deberían revisarse casi semanalmente en virtud del descalabro crónico de la mayor parte de las variables macro-económicas.

Específicamente con respecto a la vivienda, es preciso recordar las formas y condiciones de existencia predominantes en estas amplias mayorías sociales, donde imperan los problemas en torno al acceso a una vivienda digna y a los servicios más básicos de la vida: salud, educación, agua potable, electricidad, red cloacal, tratamiento de residuos, seguridad, etc… Un barrio popular, en efecto, es toda aglomeración de al menos ocho familias donde más de la mitad no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de esos servicios básicos. Como toda definición sociológica y demográfica es un recorte arbitrario, aunque fundado en fines operativos válidos para construir políticas públicas.

¿Qué fue el proyecto de relevamiento de los barrios populares?

Desde 2016, con el impulso de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), diferentes organizaciones sociales y políticas (Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, Techo), Cáritas Argentina y en coordinación con el gobierno nacional, se hizo el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. El decreto 358/2017 creó el Registro Nacional de estos barrios así como el Certificado de Vivienda Familiar. Fue el primer paso para crear un diagnóstico consistente sobre la situación habitacional de los sectores más humildes y que representa una singularidad con respecto a las políticas hasta entonces prioritariamente concentradas en los desalojos, la relocalización y en menos casos la construcción de viviendas sociales.

El proyecto de ley de expropiación de las tierras fue la otra cara de este relevamiento. Declaró la utilidad pública de los bienes inmuebles sobre los que se asientan los barrios relevados y suspendió todo desalojo habilitando a las empresas prestadoras de servicios públicos realizar las obras necesarias para garantizar su suministro. A su vez, el Certificado de Vivienda permite acceder y solicitar servicios (agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural) y acreditar domicilio ante cualquier autoridad.

Consensos. De abajo para arriba

En julio de 2018 la cámara de Diputados había aprobado la Ley de Tierras de los Barrios Populares con total unanimidad de oficialistas y opositores declarando la utilidad pública sujeta a expropiación del espacio donde se levantan más de 4.400 barrios.  El 10 de octubre el Senado hizo lo propio también con un amplio consenso. En efecto, a propuesta del jefe del bloque justicialista Miguel Ángel Pichetto, la iniciativa se votó sin siquiera debatirla.

Sólo cuatro senadores votaron de modo negativo, los pertenecientes a las provincias de La Pampa y Formosa. No obstante, apoyaron el “espíritu de la norma”. Sus principales críticas al proyecto fueron de orden técnico (criterios de definición de “barrio popular”), operativo (falta de diálogo con funcionarios provinciales y municipales) y jurisdiccional (muchos de los barrios relevados ya están en proceso de regularización dominial).

De este modo, en ambas cámaras del Congreso existió un acuerdo absoluto en la necesidad de que los vecinos de los barrios más pobres del país puedan tener títulos sobre la tierra que habitan y derecho al acceso a los servicios más elementales de existencia. En definitiva, comenzar a resolver un problema estructural que atravesó a todos los gobiernos de 1983 a la fecha. Un hecho que puede parecer una obviedad pero que no lo es (nunca lo es nada en los recintos de nuestro Congreso) y que sólo fue posible gracias a la organización, movilización y participación de organizaciones políticas, sociales y religiosas y su articulación con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. De abajo para arriba.

La urbanización de los barrios populares y el reconocimiento de propiedad significa dejar de pensar esta realidad -mayoritaria e in crescendo– como externa a las “ciudades” y “pueblos” y carente de los mismos derechos que el resto la ciudadanía. En efecto, la iniciativa es una piedra angular de la construcción de una sociedad un poco más justa y va en sintonía con otras experiencias de producción de derechos de propiedad asociados al espacio, como la ley de Emergencia Territorial. Ahora ingresamos en el pantanoso terreno de la aplicación de la letra escrita y la palabra jurada. Como suele suceder, los promotores de la ley serán los primeros (y quizás en ocasiones los únicos) que velen por su efectivo cumplimiento.

 

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