La interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción de la voluntad durante el embarazo

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Una voz popular, un eco sonoro de ese sujeto indefinido que suele presentarse como “la gente”, dice que los procesos de ampliación de derechos se materializan cuando la voluntad política -otro espectro recurrente- consiente las expresiones que los proponen. La experiencia histórica es fecunda en ejemplos de cambios cuya semilla fue sembrada años, incluso décadas, antes que la impávida letra de la ley las albergue en sus tomos. Las contiendas encarnadas que marcan hitos en cada uno de esos procesos llevan consigo las razones y ofuscaciones del camino, pero también adoptan su forma; y en este caso la forma aparece con marcas distintivas, no sólo por la profunda huella que significa la interrupción voluntaria del embarazo en el entramado social, también porque esta renovada posibilidad llega en un contexto en que derechos y garantías son cercenados en la arena democrática. Ninguna ley es ajena a la política que subyace a sus fundamentos, al fin y al cabo legislar es un acto de gobierno, pero la Argentina “del cambio” nos obliga a estar preparados ante la tormenta inminente, sobre todo cuando la tromba viene desde el aliento menos esperado.

Cuestiones en torno a las cifras

El aborto es un tema instalado en nuestro país, resulte que adoptemos una posición favorable a su plena legalización o no, la indiferencia ante la temática es una posibilidad remota. Según datos recabados por la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, durante el año 2016 fue la principal causa de mortalidad materna con un 17,6% de los casos registrados. Esta cifra ha sido cuestionada pues los registros oficiales evitan incorporar al aborto inducido como motivo directo de muerte salvo en circunstancias ineludibles, sin embargo estudios realizados por asociaciones civiles o investigaciones especializadas indican que el porcentaje real es superior, en vista que causales registrables como hemorragias, sepsis u otras infecciones suelen tener origen en la práctica de abortos inseguros. Esta primera aproximación nos trae a un problema que tiene dimensión propia y al cual sólo haremos una escueta referencia: la cifra oscura de la ilegalidad.

Cuando una actividad es considerada ilegal genera amplias dificultades para obtener una muestra estadística que resulte fiable, esto sucede tanto por el tratamiento punitivo que recae sobre aquella como por el recelo de los actores sociales de aportar la información o experiencia necesaria. Pensemos en una situación hipotética: una mujer llega al hospital público con una hemorragia producto de un aborto inducido en condiciones de clandestinidad, sea por razones de estigmatización, miedo a una posible represalia penal o cualquier otra que se nos pueda ocurrir, no informa a los doctores de la intervención abortiva; desde la perspectiva del profesional la circunstancia también actúa, para verlo continuemos con la ficción: digamos ahora que la mujer fallece y el doctor reconoce la causa-efecto entre aborto y hemorragia, ¿no es posible que al momento de efectuar su informe decida decantarse hacia la hemorragia como causa del deceso ya sea por cuestiones metodológicas, profesionales, éticas o aún por aquellas similares que llevaron a la mujer a no informarle de la intervención abortiva? En tal caso estamos ante una cifra oscura, una paradoja más de la multitud que acompañan al concepto de ilegalidad. Esto parece secundario, un eslabón en una cadena de problemas, pero no lo es. Resulta improbable la instrumentación de políticas públicas efectivas si se carece de los datos necesarios para su aplicación o diseño, ya sea en cuestiones de criminalidad o de salud. Por ello debemos acudir a instrumentos que aporten algo de luz ante el embrollo.

Durante el año 2017 Amnistía Internacional publicó una serie de informes sobre derechos sexuales y reproductivos en Argentina que arrojaron la alarmante cifra de 450.000 abortos inducidos por año en nuestro país, si bien la metodología de medición utilizada no es infalible -en los informes mismos están resaltadas sus dificultades- la cantidad ha sido tomada como parámetro aceptado en la problemática. Podemos continuar en la búsqueda a fin de dimensionar la cuestión y rápidamente encontramos que Brasil, país que multiplica por cuatro nuestra población y cuya legislación sobre el tema es asimilable a la argentina, registra un promedio de 500.000 a 800.000 casos de interrupción voluntaria del embarazo por año; México, con una población aproximada a 130.000.000 de habitantes registra un promedio de 1.000.000 de abortos anuales, con la particularidad legislativa que en 18 de los 31 estados integrantes la práctica es absolutamente ilegal; mientras que España, con una población similar a nuestro país y donde el aborto fue refrendado hace casi una década, registró durante el año 2017 un total de 100.000 casos. Debemos destacar que el último dato es el más fiable, pues proviene del único Estado que ha legislado la interrupción voluntaria del embarazo y regulado su aplicación en términos claros.

La situación jurídica en Argentina

El aborto es reprimido por los artículos 85 a 88 del Código Penal de la Nación Argentina, las penas varían según los intervinientes y el grado de responsabilidad, pero pueden agruparse en prisión o reclusión de 3 a 15 años a los partícipes -e inhabilitación en caso de profesional matriculado- y de 1 a 4 años a la mujer abortiva. Entre las diversas particularidades que exhibe la historia de nuestro país, el devenir del Código tiene asegurado un lugar. Cuando fue sancionado (1921), la impronta positivista se encontraba latente en su tinta y dio lugar a conceptos, en ese entonces innovadores: la libertad condicional, los atenuantes y agravantes. Entre esos avances se agregó el eximente del artículo 86 que establece los únicos tres supuestos en los cuales el aborto no es punible: riesgo a la salud o vida de la madre que no pueda evitarse por otro medio y embarazo producto de la violación de una mujer idiota (sic) o demente. Luego de casi un siglo nos continúan rigiendo las mismas disposiciones, por ello la norma ha sido objeto de un importante trabajo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Durante el año 2012 la CSJN dictó una sentencia -conocida como el fallo FAL- que partía de una interpretación amplia de las normas mencionadas, con el fin de establecer lineamientos que permitieran el acceso a los abortos terapéuticos y eugenésicos. Antes de profundizar en sus razones debemos señalar que el dictamen no habilita la interrupción legal del embarazo en cualquier circunstancia, las decisiones jurisprudenciales no pueden reemplazar el texto legal y tampoco son vinculantes -salvo cuando se establecen bajo cierta metodología- unas con otras. Sin embargo la CSJN cuenta con prerrogativas que utilizó para el caso y dieron como resultado un avance importante frente al ostracismo legislativo en la materia. Las principales propuestas del fallo son entender que la protección del embarazo no es incompatible con permitir su interrupción, definir que las garantías constitucionales incluyen a la persona como un fin en sí misma, promover un análisis dinámico del principio de legalidad al considerar que la interpretación restrictiva de las excepciones implica ampliar los supuestos de punibilidad y fijar un entendimiento para el principio de igualdad al impedir que se haga una distinción irrazonable entre víctimas de un mismo delito. Estas conclusiones requieren una breve explicación, pero resultan en parámetros de gran interés para afrontar el debate que nos espera.

Algunas consideraciones sobre el fallo FAL

En primer lugar debemos mencionar que el dictamen sobre la compatibilidad de los cuidados obstétricos con la interrupción del embarazo y la finalidad de la persona ante la ley, son dos caras de una misma moneda. La CSJN nos está diciendo que ante el riesgo de vida o salud inevitable por otro medio más que el aborto terapéutico, no puede obligarse a la grávida a soportar aquel por razones valorativas (éticas, morales, religiosas e ideológicas) o aún legales, así tampoco se puede poner al profesional interviniente ante la posibilidad de evaluar una vida sobre la otra. La cuestión recae sobre el derecho a disponer del propio cuerpo, por lo cual se requiere la voluntad expresa de la persona o sus representantes para proceder en la interrupción del embarazo. Las restantes dos cuestiones relacionan los principios de legalidad e igualdad en una misma línea argumental. Anteriormente mencionamos que el artículo 86 del Código Penal incorporó tres eximentes de responsabilidad, uno de ellos ante el embarazo como consecuencia de la violación de una mujer idiota (sic) o demente. Es importante comprender que el cuerpo legal que estamos analizando fue sancionado a principios de siglo XX, entonces la doctrina penal argentina estaba profundamente influenciada por el positivismo criminológico italiano y términos como los citados -aunque procedían de la frenología- eran avalados por la ciencia médica. En el siglo XXI ambas palabras pueden resultar ofensivas, pero si vemos más allá de letra y vamos en busca del significado es posible arribar a la misma conclusión de la Corte. En rigor la casuística que fue materia del decisorio se enmarcó en ese supuesto y los fundamentos giran en torno a él. Dos cuestiones se desprenden rápidamente, le primera es la ampliación del eximente para todos los casos de violación independiente de las capacidades mentales, intelectuales o psico-sociales de la víctima; la segunda son las acciones efectivas que la CSJN llevó a cabo en oportunidad del fallo.

Si bien el aborto no punible tiene aceptación en nuestro cuerpo legislativo -con los pormenores que hemos analizado- la Corte observó una práctica contra legem (contraria a la ley) que obstaculizaba y en ocasiones impedía el acceso a la interrupción del embarazo en los casos reconocidos por la norma. Esto como consecuencia directa de la judicialización de las autorizaciones administrativas que deben solicitarse para que los organismos de aplicación habiliten la intervención quirúrgica (ANP). La Corte fue clara al respecto: ante los supuestos del artículo 86 no es necesaria la intervención del Poder Judicial, la autorización de la titular del derecho o sus representantes y la conformidad del profesional de la salud interviniente son los únicos requisitos válidos. En uso de sus prerrogativas la CSJN exhortó a las autoridades Nacionales y Provinciales a implementar protocolos hospitalarios para la atención e instrumentación de las ANP, removiendo toda barrera de acceso dilatoria o que representaré un supuestos de violencia institucional. Luego de seis años la cuestión aún no ha sido resuelta.

Situación institucional

El fallo de la CSJN es un arquetipo desde la perspectiva del aborto no punible, pero también es un avance significativo en la ardua cuestión que conlleva la interrupción voluntaria del embarazo. Construyó una interpretación con el objeto de ampliar la aplicación de las normas en juego e identificó una problemática general, instando a las autoridades a intervenir en su solución. Mencionamos anteriormente que el rol del Poder Judicial no es legislar, por lo tanto sus decisiones jurisprudenciales -aunque condicionan y dan forma a los derechos- no reemplazan el texto legal. Con el fallo FAL la Corte no ingresó al debate sobre la interrupción legal del embarazo, pero marcó pautas de gran importancia para aquel. Veamos primero cual ha sido la reacción de las diferentes provincias en oportunidad de establecer los protocolos para las ANP, el escenario es diverso.

Las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Sal Luis, Santiago del Estero y Tucumán no cuentan con protocolo alguno que permita analizar su adecuación a los lineamientos del fallo FAL, tampoco adhieren al reglamento nacional del año 2015. Lisa y llanamente estas jurisdicciones se encuentran en la situación contra legem que fuera advertida por la CSJN en su momento. El segundo grupo lo integran aquellas administraciones que han adoptado un protocolo propio pero cuya instrumentación o exigencias dificultan el acceso al aborto no punible, estas son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Rio Negro y Salta. Este conjunto se define por exigencias restrictivas como un cuerpo multidisciplinario que intervenga ante la ANP, la aprobación de la autoridad máxima del centro de salud donde fuera a realizarse la intervención quirúrgica, barreras a la prestación del consentimiento por parte de los representantes de los menores que solicitan la ANP, límite de tiempo ante la gestación que no responde a ningún criterio científico establecido o identificable, acreditación de insanía o discapacidad para mujeres que presentan esa condición, entre otras. Estas jurisdicciones, si bien han cumplido en la implementar una normativa para regular la ANP, adoptaron medidas regresivas que dificultan el acceso al aborto legal terapéutico o eugenésico en condiciones de seguridad y celeridad. Solo nueve de las veinticinco provincias que componen el territorio nacional han adoptado un protocolo propio acorde los requisitos del fallo FAL o se han integrado al propuesto por Nación, estas son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El resultado de este bochornoso rompecabezas es la posibilidad de acceder al derecho según la pertenencia al territorio. Recordemos que el Código Penal, la norma que habilita el acceso al aborto no punible, es de carácter nacional y la Corte interpretó sus disposiciones acordes a principios y garantías constitucionales de aplicación en todo el territorio, sin embargo la desidia de las autoridades provinciales abrevia un derecho sobre el cual no tienen poder.

El debate por la interrupción legal del embarazo

Hemos llegado al punto que señala la partida, el debate que aguarda nos mostrará hacia donde hemos orientado la experiencia de una problemática que atraviesa nuestra sociedad. Ya sea que encontremos propuestas a favor, contrarias o conciliadoras es importante recordar que la semblanza comenzó hace muchas décadas atrás y, probablemente, continué su incidencia durante varias por venir. El tema no es novedoso, como pudimos observar en la Argentina se practican una cantidad significativa de abortos por año aún con normas que lo prohíben y castigan. Esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la prohibición es efectiva; en qué medida el castigo abandona su ambición preventiva y acude a la cólera retributiva. La clandestinidad mata ya sea a la madre o al niño, a veces a ambos. Frente aquellos que aprueban la interrupción legal del embarazo sin medir consecuencias también debemos reflexionar, porque el aborto puede entenderse como una cuestión de salud pública, pero sus causas nos llevan a profundos problemas habitados por ausencias, estigmas, inequidades y falencias de nuestra sociedad. No mirarlas es querer tapar el sol con la mano. Quizás nos sirva recordar que hace cien años reconocimos un contexto que exigía versatilidad y fue afrontado; hace menos de una década se intentó renovar una propuesta carcomida por el tiempo con la intención de avanzar hacia una solución; hoy, el ineludible presente, nos requiere a la altura de la circunstancia.

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