Ley de Emergencia Territorial. Después de la prórroga ¿qué?

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En septiembre de 2017 la ley de emergencia territorial fue prorrogada por segunda vez, tras la movilización de organizaciones indígenas, movimientos sociales, universidades e institutos de investigación, organismos de Derechos Humanos y con el apoyo unánime, en el Congreso, de los senadores. Esto, no obstante, no resuelve el problema de fondo.

En 2006 el senado y la cámara de diputados de Argentina sancionaron una ley que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas con personería jurídica inscritas en el registro nacional, en organismos provinciales competentes en la materia o fueran preexistentes. La ley suspendió toda ejecución de sentencia, acto procesal o administrativo, cuyo propósito fuera el desalojo y la desocupación de esas tierras. A su vez, estableció que el Instituto Nacional Indígena (INAI) debía realizar su relevamiento técnico, a fines de resolver la situación jurídica y dominial.

En 2013 esta ley fue prorrogada por primera vez y en 2017, hace pocos días, por segunda oportunidad. Esto resolvió la coyuntura, pero no el fondo de la cuestión.

Un poco de historia: del Malón de la Paz a esta parte

En 1946 llegaron a la ciudad de Buenos Aires, tras recorrer unos dos mil kilómetros –la mayoría a pie, durante dos meses-, hombres y mujeres de distintas comunidades indígenas de las provincias de Salta y Jujuy. Gran parte de ellos eran arrendatarios de grandes latifundistas, por ejemplo Robustiano Patrón Costas -propietario de San Martín del Tabacal y dirigente del Partido Conservador-. Querían ver al reciente electo presidente Juan Perón y reclamar la restitución de sus territorios. Ese mismo año el gobierno justicialista promulgó la ley 12.921, del Estatuto del Peón de Campo, que mejoró las condiciones laborales en el ámbito rural, eliminó el pago de arriendo mediante trabajo, estableció el pago de salarios en moneda y no en especies y aumentó los jornales. En 1949 el gobierno de Perón expropió tierras en la Puna jujeña y la Quebrada de Humahuaca para restituirlas a las comunidades indígenas.

A pesar de que hubo comitivas diplomáticas a la Casa Rosada en años anteriores, el Malón de la Paz fue la primera irrupción masiva del mundo indígena en la política nacional y las calles de Buenos Aires.

En la década del 1970 y especialmente durante la siguiente, con el final de la última dictadura militar (1976-1983), la organización socio-política en clave étnica y su movilización en función de reclamos vinculados a la tierra y la identidad, fue especialmente significativa. Gran parte de ellas, a su vez, reconocidas legalmente por el Estado. Sin embargo, fue la reforma constitucional de 1994 la que significó una bisagra. El Estado argentino reconoció la preexistencia étnica y cultural indígena, el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de las comunidades así como la posesión y propiedad de las tierras que habitan –no enajenable, ni transmisible o susceptible de gravamen-, indicando además que se regularía la entrega de más tierras para el desarrollo humano de las poblaciones indígenas.

Así, Argentina incorporó en su Carta Magna los avances más relevantes en materia indígena (haciéndose eco, especialmente, del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989).

La reforma constitucional de 1994 fue la base jurídica a partir de la cual se dinamizó la organización indígena preexistente, muchas veces a contracorriente de las trabas y crónicos obstáculos de los gobiernos provinciales. La situación general del país era crítica. La segunda mitad de la década de 1990 fue de altas tasas de desempleo estructural -1 de cada 3 ciudadanos no tenían trabajo-, la precarización de las formas de subsistencia –desde la clásica changa hasta el más novedoso cuentapropista-, el incremento a niveles hasta entonces desconocidos de pobreza y miseria, el desmantelamiento de la infraestructura industrial y la implosión del mercado interno.

La tierra como medio de subsistencia

Huelga la obviedad, el acceso y uso de la tierra es un hecho clave para la subsistencia de miles de familias. Desde las formas de vida, los modos de consumo y las dinámicas cotidianas de las ciudades a veces se pierde de vista este hecho, pero el vínculo con la tierra garantiza la producción de una amplia gama de alimentos y bienes de uso con mayor autonomía del mercado. No se vive en una bola de cristal por hacerlo. Pensarlo sería reproducir una mirada ingenua de las estructuras y los procesos sociales y económicos contemporáneos. Pero sí compone una porción sustancial de lo que se consume en una vivienda. La ecuación es simple: lo que uno no produce lo tiene que adquirir en el mercado a cambio de dinero. Más de un libro se ha escrito al respecto para Argentina y cada rincón del globo. Si es por recomendar clásicos, que sean Mujeres, graneros y capitales: economía doméstica y capitalismo de Claude Meillasoux así como Cafeicultura: Homens, Mulheres e Capital (1850-1980) de Verena Stolcke.

La ley de emergencia territorial instrumenta un relevamiento destinado a facilitar el acceso a la propiedad y garantizar las condiciones de existencia de las familias que pertenecen a las comunidades.

En un contexto de retracción de la oferta de trabajo rural por concentración/privatización de la tierra y mecanización de las actividades agrícolas, así como de precarización del empleo estacional –entre otros factores con diferentes rasgos locales y regionales del trabajo rural, que ameritarían un espacio mucho mayor a éste- ¿qué mejor alternativa que garantizar formas de acceso y uso de la tierra que permitan reproducir condiciones de existencia? Difícil imaginarlo y de ahí que la tierra sea uno de los principales ejes de disputas y conflictos en las sociedades de América Latina y el mundo: en torno a ella se deciden procesos de proletarización rural/urbana, formas económicas autogestionarias y cooperativas, lazos de solidaridad y modos de exclusión.

¿Y ahora?

Como se dijo alguna vez en el recinto del Congreso, en el siglo XIX, la consagración ni justeza de una ley votada por los diputados y senadores implica su puesta en marcha y de ese modo, la resolución del problema que tenía como objeto. Lejos de eso, requiere la articulación de numerosos actores y antes que ninguna otra cosa, de una firme convicción política dentro y fuera del Congreso. Dicho esto, tras 11 años de promulgada la ley que instrumenta la ley de emergencia territorial, se requiere redoblar y coordinar esfuerzos de al menos quienes han hecho presión para su prórroga: organizaciones indígenas, movimientos sociales, universidades e institutos de investigación, senadores y diputados.

Según el INAI hay 1.532 comunidades indígenas, de las cuales solo el 30% tiene el relevamiento que establece la ley y en consecuencia, puede obtener títulos de dominio. Sin embargo, el problema no es sólo finalizar un relevamiento. Queda, además, confeccionar y sancionar una ley de Propiedad Comunitaria que procure la normalización de la situación dominial de las tierras indígenas. Tarea pendiente de senadores y diputados. Esto se vincula con otro aspecto.

La ley de emergencia territorial es una oportunidad para que el problema de la tierra de las comunidades indígenas se enmarque en una cuestión mayor y más general en la Argentina.

Esto es, que el Estado promueva y garantice el acceso a la tierra para sus ciudadanos, facilitando modalidades y técnicas de producción de alimentos y otros bienes de consumo y uso. Eminentemente, que lo haga desde el punto de vista jurídico y financiero. Aquí también la ecuación carece de demasiada complejidad: si el Estado no genera el empleo asalariado público o privado que permita la adquisición monetarizada de los bienes más elementales de la subsistencia, debería promover, formar y facilitar los medios y recursos para producirlos por cuenta propia. Los movimientos sociales, asociaciones cooperativas y las propias comunidades indígenas son valiosas experiencias al respecto. No de ahora. Desde hace muchos años.

Una iniciativa que, a su vez, va de la mano de un rediseño territorial de la población –morigerando la concentración iniciada a mediados del siglo XX-, la explotación diversificada y sostenible de los recursos naturales y la creación de nuevos enclaves socio-económicos. Después de todo, no hay modelo de país sin una política seria de tierras.

Esto, finalmente, atiende a otras demandas que han tenido eco en los últimos meses del 2017: de políticas públicas para la regularización de tenencia de tierras campesinas -el gobierno nacional sólo solventó la situación de mil familias en todo el país-, de fomento de la agricultura familiar -cuya ejecución presupuestaria no pasa del 20%-, de ordenamiento y regularización de la comercialización de alimentos -que sigue en manos de las grandes cadenas, incluso desde antes de este gobierno-, una explotación sustentable de los recursos naturales y la producción de alimentos sanos.

Parafraseando lo dicho por Mendieta hace ya unos cuantos años: la tierra es mucha, pero de pocos.

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