Reforma previsional y política segmental

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El 19 de diciembre de 2017, la clase política argentina cambió una vez más la regulación jurídico-política del sistema previsional y de seguridad social. Lo hizo tras un debate parlamentario que se extendió a lo largo de la noche de vísperas, en el medio del ruido de las cacerolas, la movilización de amplios sectores sociales en diferentes ciudades y pueblos del país durante el día y la represión policial del Estado. Era el segundo intento, tras el fracasado quorum del 14 de diciembre, cuando una multitudinaria manifestación de sindicatos, partidos, movimientos sociales y ciudadanos había presionado con éxito, aunque con una brutal represión, para que la cámara de diputados no sesionara.

Así, a 16 años del acontecimiento más trágico de la historia argentina reciente, el fin -y los efectos- de la desafortunada Alianza de Fernando de la Rua (1999-2001), una coalición política en gran medida emparentada -en término de personas, organizaciones e ideas- con ella, Cambiemos, consiguió una de las victorias más relevantes de sus escasos dos años al frente del gobierno nacional. El hecho tuvo un aliciente, ineludible: lo consiguió a pesar de ser minoría tanto en la cámara de senadores como de diputados y, a su vez, dividiendo nuevamente al heterogéneo arco opositor.

Pacto fiscal y reforma previsional

La reforma previsional es parte de una empresa mucho mayor: el pacto fiscal denominado Acuerdo para un Nuevo Federalismo. Sólo un mes antes, el presidente Mauricio Macri, diecinueve gobernadores provinciales y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), habían ratificado dicho pacto, establecido originalmente a mediados del año pasado.

¿En qué consiste este pacto?

El eje principal es la eliminación del 15% de impuestos coparticipables entre gobierno nacional y provincias, destinados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): es decir, los tributos para financiar el sistema previsional y las ayudas económicas a los más humildes. Esto va de la mano de poner fin a los juicios iniciados por las provincias contra el Estado nacional -más de medio centenar- en razón de la coparticipación de impuestos, resolver el problema entorno al Fondo del Conurbano Bonaerense –garantizando al gobierno provincial sólo en los dos primeros años sesenta y cinco mil millones de pesos-, bajar la contribución impositiva de CABA a los fondos nacionales y consensuar en el futuro próximo una ley de “modernización” del Estado -que introduzca cambios estructurales en la administración pública-. El pacto añadió dos elementos, no menores, asociados al recorte de la inversión pública: eliminar los subsidios en materia energética en el conurbano bonaerense -una medida de impacto directo sobre la economía de las familias- y financiar retiros y jubilaciones anticipadas en la administración pública.

El fundamento de este programa de ajuste da en la diana del recurrente y endeble argumento más clásico de la economía política neoliberal: que la quita de impuestos -por definición “distorsivos”-, la disminución del “gasto” público en pensiones y el achicamiento de las instituciones estatales aumenta la tasa de inversión privada -el mentado “clima de negocios”- y con ella, los puestos de trabajo. Esto es, el axioma tercermundista de “a menos Estado, más empresa privada”; claramente a contramano del tipo de desarrollo capitalista de las sociedades de mayor bienestar. Una falacia ampliamente reproducida en los medios de comunicación, las más de las veces con argumentos y herramientas conceptuales más bien rudimentarias.

Más específicamente, Macri y los gobernadores se comprometieron a sustituir la recaudación provincial del impuesto al salario -el denominado Impuesto a las Ganancias- por fondos destinados a obra pública y “programas sociales”; exceptuar de gravamen provincial las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, minería, industria manufacturera, servicios y transporte; revaluar las propiedades inmuebles para incrementar su tributación y la frutilla de la torta:

Impulsar inmediatamente, dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en la distribución de recursos públicos, la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público

Además, se comprometieron a eliminar las “inequidades” de los regímenes especiales de jubilaciones -las mal llamadas “de privilegio”- propias no sólo de altos funcionarios del Estado sino también de docentes, investigadores y trabajadores de algunos sectores especializados de la economía que aportan porcentajes mayores a los comunes en la liquidación de sus salarios.

En definitiva, un programa de ajuste con foco en las jubilaciones y el empleo público, enmascarado en una reforma fiscal que no es otra cosa que el retoque de la tributación de algunas actividades específicas. En términos de dinero, el Estado poda en cien mil millones de pesos los “gastos” en jubilaciones, dinero que -huelga decir- no sé dijo a dónde irá ahora destinado.

Conservadores y radicales: la Alianza 2.0

Es una obviedad repetida hasta el cansancio decir que toda iniciativa política gubernamental depende en gran medida del apoyo en las diferentes jurisdicciones e instancias de la administración pública, de los medios masivos de comunicación y en los espacios públicos. Más aún si se trata de una reforma de estas características, que afecta de manera automática y rápida el ingreso de millones de ciudadanos. El gobierno nacional, en ese sentido, cuenta con respaldo.

Recientemente Cambiemos revalidó su poder político en las urnas, por segunda oportunidad consecutiva. De hecho, lo amplió. A la victoria en balotaje de Macri sobre Daniel Scioli (Frente para la Victoria) en las presidenciales del 2015, le siguieron las legislativas de 2017 donde Cambiemos se impuso nuevamente en la mayoría de provincias e incluso, otra vez, en la más grande de ellas -Buenos Aires-, donde dos modestos candidatos como Esteban Bullrich y Gladys González vencieron cómodamente a la ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana, UC).

No obstante, estas victorias no fueron suficientes para reformular las mayorías en las cámaras de representantes ni en los gobiernos provinciales. Da la sensación, una vez más, que Cambiemos tiene más respaldo fuera que dentro de las instituciones. Aún.

En efecto, ¿cuántos gobernadores hay de Cambiemos?

El poder de la alianza entre conservadores y radicales se concentra en pocos distritos aunque de especial importancia en términos de población y/o riqueza: CABA -ininterrumpidamente hace más de una década- y las provincias de Buenos Aires y Mendoza; además de Corrientes y Jujuy. Poco más. Acá es donde cobra relevancia el papel de la mal llamada “liga de los gobernadores” del Partido Justicialista (PJ) y el comportamiento de sus diputados. Fueron ellos, después de todo, los que aportaron los pocos votos que le hacían falta a Cambiemos para aprobar la reforma. El PJ, mediante diferentes alianzas y frentes electorales, gobierna nada menos que 14 provincias.

De palo en la rueda, a rueda de auxilio

La aprobación de la reforma previsional contó entre senadores primero y diputados después, con el apoyo del PJ. No hubiera sido posible una iniciativa de estas características, en el contexto actual de relaciones parlamentarias de fuerza, sin el visto bueno de algunas fracciones del peronismo. Empero, esto sólo puede llamar la atención a ingenuos.

El punto de partida de la reforma es el Acuerdo entre gobernadores -muchos de ellos del PJ- con el Poder Ejecutivo nacional. En efecto, de acuerdo a los compromisos acordados entre gobierno nacional y provincias, muchos diputados afiliados y electos por el PJ de Catamarca (2), Chaco (1), Córdoba (4), Entre Ríos (2), Misiones (5), Salta (2)  y Tucumán (2), votaron positivamente la reforma previsional. Otros lo hicieron en contra. Estos 18 votos aportaron a los 127 afirmativos necesarios para aprobar la reforma. El ex-candidato presidencial por el kirchnerismo, Scioli, se ausentó del recinto.

¿Qué sentido tiene un justicialismo que trabajó día y noche para bajar las pensiones?

Una cosa es ejercer una oposición propositiva, basada en la exigencia de diálogo y consenso para el diseño y la definición de políticas públicas de largo plazo, más allá de las lealtades, pertenencias e intereses sectoriales y electorales más inmediatos. Otra muy diferente es aprobar a las apuradas, mediante métodos poco claros y a cambio de componendas de “toma y daca”, reformas que afectan directamente la economía de los más humildes y cercena derechos insoslayables al Estado de bienestar como son la pensiones y la seguridad social; mientras las fuerzas de seguridad reprimen en las calles las protestas de sindicatos, movimientos sociales y ciudadanos.

Aquí no hubo una oposición “responsable” sino una fracción del PJ que supeditó intereses fiscales de sus provincias -y muy probablemente de más de un lobby empresario- a costa de precarizar el ingreso de los más humildes del país.

Si es por una oposición de estas características, al día siguiente que el congreso argentino aprobó la baja de las jubilaciones y las ayudas a los más pobres, en España por ejemplo un gobierno claramente conservador, neoliberal y de derecha como el Partido Popular acordó con empresarios y sindicatos un nuevo aumento del salario mínimo vital y móvil, muy por encima del moderado índice inflacionario, hasta el año 2020. Un paso más en la recomposición -lenta aunque paulatina- del salario tras la severa crisis iniciada en 2008. Está claro que para ver la calidad de la oposición hay que leer el contenido de los acuerdos. Nadie puede decir que la Unión General de Trabajadores de España sea aliado de Mariano Rajoy ni tengan la mínima afinidad ideológica con el partido del post-franquismo. No obstante, hoy la clase trabajadora española tiene un salario mínimo 4% mayor que el año pasado, contra una inflación que apenas roza el dígito. Política.

¿Y ahora qué?

La reforma previsional no sólo tocó el bolsillo de los jubilados; también trastocó el tablero político y especialmente a la oposición. Como si no hubiera sido poco la fisión desencadenada por la elección de candidatos a dedo, el rechazo de las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO) y la creación de UC, entran en juego los gobernadores del PJ y echan más leña al fuego del internismo peronista. Dan una estocada más al proceso de fragmentación política iniciado allá por 2013, con la creación del Frente Renovador.

La victoria de Cambiemos es doble: consigue una reforma clave para su plan de ajuste y divide aún más a la oposición.

Básicamente porque la esperanza de que los gobernadores del PJ colaboraran en revertir la diáspora peronista y construir una oposición con horizontes de poder, parece diluirse -o al menos queda en stand by de cara al 2019-. Hoy, para los que piensan que la hegemonía de Cambiemos puede revertirse en el corto plazo, algunos gobernadores son parte del problema, más que de la solución.

También es cierto que, tal como se adelantó, no todos los gobernadores se sintieron cómodos con la reforma previsional. Eso insinúa el comportamiento de muchos diputados del PJ que finalmente votaron en contra. Difícilmente pueda hablarse de la mentada “liga de los gobernadores” como un actor homogéneo. Es más que nada, quizás, una idea generada desde la ausencia de conducción política, la falta de organizaciones sólidas y la profusión de la fragmentación de la representación política. A la hora de las cuentas, cada uno corre por su parte y con horizonte más bien de corto y mediano plazo. Están inmersos en una lógica segmental de la que no escapan la mayoría de actores; causa y efecto de una alianza de gobierno que incrementa su poder político episodio tras episodio, reforma tras reforma.

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