Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, de la ficción a la sanción.

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Dos mil años han pasado desde que Roma esgrimió las piezas que los modernos sistemas jurídicos continúan utilizando para mover el engranaje normativo. Desde entonces hemos observado transformaciones que permitieron adaptar el mecanismo legal a la composición de las sociedades de masa. Sin embargo, hasta fines del siglo XX han sido escasos los intentos de modificar aquel tradicional aforismo societas delinquere non potest (la sociedad no puede delinquir). No es casualidad; las economías de capital instrumentaron formas societarias que permiten limitar la responsabilidad de sus componentes, cómo el vehículo de mayor efectividad para tales emprendimientos.

Sobre la persona jurídica ¿cómo puede ser castigada una ficción?

Desde la Teoría de la Ficción de Savigny, el núcleo económico que suele identificarse con la definición de empresa ha utilizado la persona jurídica en el marco de las potestades y obligaciones que el derecho civil -en su connotación más amplia- les ha otorgado, pero ese entramado jamás había sido perforado por la incisiva órbita del poder punitivo. No sin antes haber peregrinado por los yermos del debate doctrinario, esta nueva técnica jurídica ha comenzado a subir la cada vez más inclinada pirámide normativa, sin haber silenciado las suspicacias que supo despertar. Pues, al fin y al cabo: ¿cómo puede ser castigada una ficción? Si bien los actuales sistemas penales ubican el paradigma re-socializador en su eje central, la opinión pública no repara en ello y asocia, principalmente, la privación de la libertad con la sanción por antonomasia ante la infracción o el delito tipificado. Así entendida, la dimensión punitiva sería inaplicable y la práctica tradicional no resultaría modificada. Ante esa imposibilidad, las propuestas legislativas a favor de un régimen punible de las personas jurídicas han acudido a la siguiente gran técnica sancionatoria en relevancia: la imposición pecuniaria.

La sanción en la estructura de poder y la pena capital para la empresa

Dos cuestiones nos detienen aquí, ambas deben ser mencionadas brevemente a fin de continuar sin perder de vista su importancia. La primera de ellas es la ratio lege (razón legal) de la multa. Aunque la controversia suele partir de una disertación doctrinaria, sus consecuencias son realidad en la cotidianidad de la aplicación normativa, pues los mecanismos de acción del sistema penal difieren en gran medida de la articulación del derecho administrativo sancionatorio, sencillamente porque sus objetivos son diferentes.

Sanción no es sólo una palabra, es también un concepto que se ve modificado según la estructura de poder que la aplique.

La otra cuestión es la extinción de la personería jurídica como esquema punitorio, una suerte de pena capital para la ficción societaria. Si bien es cierto que las legislaciones han aceptado dicha técnica, su aplicación resulta excepcional en vistas del estricto tipo penal en el cual puede fundamentarse.

Cuando Edwin Sutherland definió el delito de cuello blanco en el marco teórico de la asociación diferencial, esgrimió cuatro puntos que en la actualidad resultan útiles para acercarse al fenómeno:

  • Primero, la delincuencia en las corporaciones es permanente en el tiempo y persistente en sus efectos, resultando en altas tasas de reincidencia;
  • Segundo, la conducta ilegal se extiende más allá de los hechos puntuales que puedan servir como base de la acusación o aún de aquellos que fueron develados por medio de investigación;
  • Tercero, cuando el hombre de empresa transgrede las normas destinadas a regular los negocios o la actividad económica que ejerce, no pierde status ante sus asociados;
  • Por último, el componente que opera en esta forma de asociación diferencial (delito de empresa o empresarial), suele mostrar desprecio ante las normas que regulan la actividad económica, ante las actividades estatales que se orientan en tal sentido y ante el personal del gobierno destinado a su control.

Cuando el autor estadounidense presentó su teoría a mediados del siglo XX, las personas jurídicas no eran más que un constructo destinado a receptar derechos y obligaciones, pero el estudio de la actividad delictiva en el marco empresarial comenzó a develar la insuficiencia de las acepciones tradicionales del derecho privado ante un resultado ineludible:

Las sociedades servían como vehículos para cometer ilícitos y en casos extremos, su constitución respondía a ese único objetivo.

Esta realidad no es ajena a nuestro contexto, sin importar la actividad real de las empresas, los componentes ilícitos utilizan dicha estructura para ocultarse en la madeja legal que ésta les ofrece. La creciente complejidad en la organización empresarial, la des-regularización de los medios de producción así como las nuevas formas de transmisión del capital, han evidenciado la insuficiencia del ius puniendi (potestad sancionatoria del Estado) ante una dinámica alimentada frente a dicha falencia.

Paulatinamente, las legislaciones occidentales han comenzado la adaptación hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un camino de extensas controversias y desconfianzas que trae aparejados cambios trascendentes sobre categorías jurídicas de antaño. Dos dimensiones pueden ser rápidamente identificables en este punto. La primera de ellas comienza el recorrido desde el concepto re-socializador del ejercicio punitivo, que pierde fuerza ante el nuevo tipo penal. Como hemos mencionado, las sanciones que no recaen sobre la privación de la libertad ambulatoria son de intrincada justificación dentro del paradigma re-socializador, por ello deben establecer otro nexo que permita legitimar su ejercicio. La opción inmediata ha sido el criterio preventivo. Esto se evidencia con la lectura de las leyes aprobadas o de los proyectos en debate. Todas ellas establecen la imposición pecuniaria como modelo general de sanción ante las personas jurídicas. Siendo la multa y la intervención o extinción de la personería las únicas opciones factibles, los legisladores han optado por una construcción benigna de la pena.

Ley de responsabilidad empresaria en Argentina

El proyecto de ley que se debate actualmente en Argentina agrega a este abanico un conjunto de sanciones anexas, cuyo análisis resulta interesante pues en cierta casuística de laboratorio, de operar la sanción, estas últimas generarían una mayor incidencia que la multa misma. Nuestra intención es analizar la experiencia argentina con mayor detenimiento en los próximos artículos, pero la mención es útil a fin de presentar la otra cuestión relativa a los cambios aparejados en la nueva composición normativa. Se ha debatido arduamente sobre la virtud de transferir la potestad sancionatoria que, actualmente ostenta el ámbito administrativo, hacia el régimen penal. Debemos admitir que la discusión es poco difundida más allá del claustro académico. Sin embargo, ha derivado tinta hacia los diferentes proyectos que se encuentran en tratamiento y aquellos que han sido sancionados. Por un lado, la postura consuetudinaria sostiene que, si bien la reforma es necesaria, ésta puede ser absorbida por las estructuras de la mecánica administrativa -en rigor, el poder ejecutivo- y evitar la creación de nuevos tipos penales que resultan extraños a la teoría general de la normativa punitoria. Por otra parte, quienes impulsan la reforma sostienen la posibilidad de un mayor ámbito de investigación desde el sistema penal, una alternativa judicial ante la probabilidad de abuso del ejercicio público de los órganos del poder ejecutivo -o de la connivencia de éstos en la criminalidad empresarial o de empresa- y en consecuencia, una mayor certeza jurídica al subsumirse dentro de la garantía constitucional del debido proceso. Por supuesto, la realidad nunca resulta tan esquemática como anuncian las predicciones académicas. Las características propias de la reforma dan lugar a híbridos jurídicos que, de resultar exitosos en su aplicación, irán constituyendo un núcleo propio dentro de la dinámica del ordenamiento normativo.

Quizás el punto de mayor relevancia es el que hemos evitado mencionar hasta el momento, simplemente porque estos párrafos buscan ser una suerte de introducción a la temática. Desde nuestra perspectiva, es necesario un ius puniendi que construya respuestas ante la problemática que se ha planteado y si bien entendemos que las normas jurídicas surgen acorde al contexto en el cual se proponen, no por ello se debe perder la oportunidad de abarcar otros escenarios vacíos que reclaman el mismo tratamiento. El proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ha sido propuesto por la alianza política oficialista y se debate actualmente en el Congreso de la Nación, con dictamen favorable de ambas Cámaras y pronto a ser sancionado con reformas al texto original. La oportunidad que le ha dado origen, se construyó basada en el discurso oficialista crítico del pasado que asocia inmediatamente al concepto de corrupción y desde una promocionada apertura económica basada en la refundación de las condiciones de mercado. Esto ha limitado que el proyecto sólo tipifique circunstancias relacionadas al cohecho y no abarque otros ilícitos o delitos que generan igual o mayor daño, principalmente los llamados delitos sociales (laborales, ambientales, de consumo, entre otros). Es nuestro deseo abarcar esta discusión en próximas presentaciones, a fin de analizar el proyecto en sí, las reformas propuestas y el debate parlamentario que derivará en su sanción.

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