Una encrucijada hacia el Hogar

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Durante el año 2012 UNICEF presentó junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, un relevamiento a nivel nacional sobre la situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados paternales (NNyA) en la República Argentina. El informe mostró que 14.675 menores se encuentran en la condición anteriormente mencionada, de los cuales el 49% se concentran entre la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Las condiciones socioeconómicas y demográficas suelen dar como resultado niveles altos de marginalidad en las regiones más concentradas del país. La PBA acostumbra estar en los primeros lugares de los relevamientos que se realizan sobre dichas temáticas y este caso no es la excepción, pues 5.958 niños, niñas y adolescentes se encuentran en esa situación, resultando la región con mayor cantidad de NNyA del territorio nacional. Las provincias de Chaco, Córdoba y la CABA se encuentran a continuación en el orden mencionado y en total, las cuatro jurisdicciones, concentran el 65% de la población analizada.

Estos datos por sí mismos no son suficientes ante la complejidad que presenta la situación de los menores privados de cuidados parentales, pero es una alarma para abordar una problemática desapercibida tanto para la población cómo para las políticas locales y nacionales. El objetivo de este aporte no es un análisis de los preocupantes datos relevados o de las estrategias públicas que se deberían implementar para su tratamiento, sino un marco de presentación para el trabajo que diariamente se realiza desde las pocas instituciones que le hacen frente, con sus dificultades y falencias, pero con el aliciente de ser la última frontera entre algo y la nada.

En la CABA ninguna de esas instituciones es pública, el Estado simplemente ha derivado la tarea en un millar de organizaciones (fundaciones, asociaciones civiles u ONGs) en las cuales se alojan el cien por ciento de los 1.029 NNyA que viven en esa jurisdicción. Esta delegación de funciones es en la mayor cantidad de casos convenida, significando que se encuentra bajo algún tipo de supervisión de los organismos estatales de protección establecidos a tal fin. Sin embargo el esfuerzo ante el gravísimo cercenamiento de derechos y condiciones que padecen los menores sin cuidados parentales, es afrontado por la sociedad civil en los puntos más neurálgicos como vivienda, salud, educación y esparcimiento.

Siguiendo el mencionado informe de UNICEF, en Argentina más de la mitad de los NNyA que se encuentran en instituciones privadas retornan a sus entornos familiares, ya sea por haberse resuelto el conflicto originario o porque se trasladan a convivir con otros integrantes de la familia o personas de su vínculo afectivo. Este proceso se denomina instancia de vinculación familiar y contempla la posibilidad de un visión más amplia ante las necesidades del niño. Existen otras tres causales por las cuales los NNyA egresan de la institución, una de ellas ha sido objeto de amplios debates y campañas cuyos resultados son disimiles durante las últimas tres décadas, nos referimos a la adopción. Solo el 8% de los niños, niñas y adolescentes en hogares tienen la posibilidad de crear un nuevo vínculo familiar a través del proceso adoptivo; este magro porcentaje expone una realidad desalentadora tanto para los adoptantes como para los niños y su abordaje es de gran complejidad, pues requiere el esfuerzo de la comunidad y del Estado en sus tres poderes principales. La siguiente causal es el abandono de la institución, cerca de un 7% de los NNyA deja los hogares, el devenir de estos menores se desconoce pues la CABA no arbitra ningún medio, organismo o funcionario encomendado a la tarea, resultando en una estadística más que agrava un contexto ya urgido. La última situación de egreso está relacionada con la anterior en las nocivas consecuencias que tiene sobre el niño, es el cumplimiento de la mayoría de edad. Cuando los NNyA cumplen dieciocho años de edad deben dejar la institución, esto no sólo significa el desarraigo de lo que hasta entonces fue su hogar, sino que culmina en forma tajante y sin transición un ciclo en el cual han pasado gran parte de su niñez y adolescencia: la institucionalización.

El tema presenta desafíos en sí mismo y no serán abarcados en la nota, sin embargo es imperativo mencionar que el desinterés estatal sobre la situación de los NNyA en instituciones, los pocos recursos a las cuales éstas pueden acceder y la falta de capacitación de sus integrantes al respecto suman a la imposibilidad de los menores de crear un proyecto propio, que le permita afrontar la situación de egreso a la cual se ven expuestos una vez adquirida la mayoría de edad.

UNICEF ha destacado circunstancias favorables que permiten un atisbo ante la falta de acción integral por parte de los organismos públicos. La primera de ellas y quizás la de mayor importancia son las buenas condiciones materiales y edilicias de los alojamientos relevados. Según el informe, la institución masiva que albergaba centenares de niños ha cambiado hacia una estructura donde convive una menor cantidad. Destaca también que la causal de ingreso a los hogares por mera pobreza se ha superado, aunque los menores que componen esta población provienen de las clases más vulnerables de la sociedad. Estas mejoras sirven como un paréntesis en la cantidad de circunstancias y condiciones en las que aún resta por progresar.

Párrafo aparte merece la falta de coordinación entre los esfuerzos necesarios del Poder Judicial y el Ejecutivo correspondiente a cada región o nivel de gobierno. Desde la perspectiva del informe configura un obstáculo principal al funcionamiento del sistema creado por la Ley 26.061, que reglamenta la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Acorde a la norma citada, son los órganos administrativos de cada jurisdicción los responsables en designar el ingreso de los niños en los hogares, quedando a cargo del sistema judicial el control de legalidad de los derechos y garantías instrumentados por la normativa (arts. 33 y 39 a 41). Para su cumplimiento, la misma Ley 26.061 ha creado y distribuido funciones entre diferentes entidades administrativas a nivel federal, nacional y provincial (incluyendo la CABA). Sin embargo, el relevamiento muestra una tensión perjudicial entre el estamento jurisdiccional y el administrativo al momento de determinar quién adopta una medida excepcional como es el ingreso del menor en un hogar.

El contexto mencionado afecta a la totalidad del colectivo conocido como hogares, ya sea que nos encontremos con una asociación civil, fundación u ONG, ellas dependen de la actividad de terceros provenientes de la comunidad para mantener su funcionamiento. Las actividades son diversas y necesitan de la creatividad y capacidad de organización que cada grupo o persona pueda aportar, pero generalmente se enumeran en campañas de donación, charlas en instituciones educativas, campañas de sanidad, eventos culturales o actividades de esparcimiento para los niños. Cuando un grupo participa con alguno de los hogares, se organiza una actividad específica que si bien puede tener cierto grado de continuidad o periodicidad, está pensada con el fin de cubrir alguna necesidad insatisfecha que pueda ser abarcada por la misma.

Alguien dijo alguna vez “donde existe una necesidad, nace un derecho”; aquí la necesidad es urgente y los derechos son textos en vigencia, pero la carencia sigue a flor de piel y la escasa estructura para afrontarla se ata con alambre día tras día.

 

Ver: Situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina (UNICEF)

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